Toward Compassionate, Just, and Wise Immigration Reform 
Resoluciones 

Esta resolución de política social fue adoptada por el Consejo Eclesial de la Iglesia Evangélica Luterana en América en su reunión de noviembre de 2009.

La Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA, por sus siglas en inglés) cuenta con una larga historia de brindar su ayuda a personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo para que se establezcan en Estados Unidos, y de apoyo a políticas migratorias justas y generosas.¹ Las condiciones sociales y sucesos históricos de esta década exigen una renovada atención a la inmigración. Un factor es lo que se calcula que son 12 millones de personas inmigrantes indocumentadas (cerca de la mitad de los hogares de personas inmigrantes indocumentadas son parejas con hijos e hijas²) que residen en Estados Unidos, viviendo en las sombras, vulnerables a la injusticia y los malos tratos, y representando una violación en masa al imperio de la ley. Entre otros factores se encuentran las manifestaciones de 2006 en todo el país por la inmigración y el énfasis en la seguridad nacional y la aplicación de las leyes migratorias tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La ELCA renueva su compromiso de unirse a otras personas en la búsqueda de una reforma migratoria compasiva, justa y sabia por medio de esta resolución de política social.

Compromisos teológicos

En 1998, la ELCA adoptó un mensaje sobre inmigración donde se reiteraban los compromisos luteranos de muchos años tanto con las personas recién llegadas como con leyes más justas y que sirvan al bien común³. El núcleo de su convicción era que la “hospitalidad hacia el desarraigado es una forma de darle vida al mandato bíblico de amar al prójimo, como respuesta al amor de Dios en Jesucristo”.⁴ Dos referencias bíblicas guiaban la dirección del mensaje: 1) “No hagan sufrir al extranjero que viva con ustedes; trátenlo como a uno de ustedes. Además, también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el señor su Dios”. (Levítico 19:34); y 2) “Yo fui un extranjero y ustedes me dieron la bienvenida”. (Mateo 25:35). En Jesús de Nazaret, el Dios que nos ordena cuidar de las personas vulnerables se identifica con la persona extranjera humana, la persona desconocida y considerada con sospechas que se encuentra en posición de recibir tanto alojamiento y hospitalidad como rechazo y resentimiento.⁵ No se cita en el mensaje de 1998, pero también es relevante Romanos 13:1–7 e interpretaciones luteranas relacionadas en cuanto al papel y autoridad del gobierno.

Creados a imagen de Dios
“Los seres humanos son creados 'a imagen y semejanza de Dios' (Génesis 1:27) como seres sociales cuya dignidad, mérito y valor les son conferidos por Dios”.⁶ Hemos sido creados y creadas para convivir con Dios y con las demás personas en amor y libertad, como reflejo o imagen del amor y libertad perfectos de Dios.⁷ Por lo tanto, esta iglesia busca oponerse a todo lo que imposibilite o destruya la capacidad de una persona para relacionarse de esta manera con Dios y con las demás personas. Con respecto al trabajo, el honrar la imagen de Dios implica defender los “medios de vida sustentables y suficientes para todos”, al tiempo que se reconoce que las personas representan mucho más que su capacidad de trabajo.⁸ Además, “a través de nuestro trabajo debemos poder expresar esta dignidad recibida por Dios como personas de integridad, mérito y significado”.⁹ Por lo tanto, “[n]adie debe ser obligado a trabajar bajo condiciones que violen su dignidad o libertad; que pongan en peligro su salud o seguridad; que impliquen descuido del bienestar de su familia o que otorguen a su labor una remuneración injusta”.¹⁰

Un gobierno justo que sirva al bien común
Dios nombra y autoriza a los gobiernos para preservar el orden creado y servir al bien común, principalmente por medio del ejercicio del juicio entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo.¹¹ La ELCA, además, especifica que los gobiernos deben servir al bien común global, por ejemplo, por medio de políticas comerciales justas o ayuda a las personas refugiadas.¹² Las autoridades del gobierno han de buscar la justicia, promover la paz, proteger a las personas y apoyar su bienestar.¹³ Esta iglesia, por lo tanto, reconoce el imperio de la ley y el papel del gobierno a la hora de facilitar una migración e integración ordenadas, y de prevenir una migración que pueda ser peligrosa o perjudicial para las comunidades de acogida.¹⁴ La ley tiene que ser justa, el gobierno tiene que ser bueno y la aplicación tiene que ser humana. También se debe reconocer que, al igual que existen bases legítimas para el uso de la fuerza, también existen bases legítimas para mostrar contención.¹⁵ La justicia de las leyes, así como las prácticas de gobierno y aplicación de las leyes exigen una constante evaluación a la luz de la doctrina cristiana del pecado. La postura de la ELCA con respecto a las autoridades gobernantes es de respeto crítico; es una postura respetuosa con su papel de servir al bien común, aunque crítica con respecto a ideologías, estructuras y procesos injustos o perjudiciales.

Un sistema migratorio fallido

Familias separadas, personas marginadas y comunidades en riesgo
Por quedarse más tiempo de lo que permiten sus visas de turista, trabajo o estudio, o por cruzar ilegalmente la frontera, se calcula que en Estados Unidos viven sin estatus legal 12 millones de inmigrantes.¹⁶ Los atrasos en la concesión de visas para la reunificación familiar hacen que las personas tengan que esperar hasta 15 años o más para reunirse con sus seres queridos. Muchas personas que carecen del estatus de inmigrante legal, desesperadas por sobrevivir y proporcionar el sustento para sus familias, se arriesgan de manera consistente a un cruce de fronteras peligroso y a una separación abrupta y forzosa de sus familias tras su llegada. Para estas personas, estas alternativas están consideradas mejor que las presiones socioeconómicas que enfrentan en sus países de origen.

Aunque las leyes prohíben a empleadores contratar a trabajadores indocumentados, muchos empleadores, por una variedad de razones, no las cumplen. Numerosas industrias importantes (por ejemplo, agricultura, construcción y hotelería), negocios pequeños y hogares de familias en todo Estados Unidos, consideran indispensables a esos trabajadores. Muchos empleadores recurren a la fuerza laboral de las personas indocumentadas en busca de mano de obra flexible, trabajadora y de bajo costo para realizar trabajos que, con frecuencia, no harían las personas ciudadanas de Estados Unidos. El ahorro en costos, sin embargo, se realiza a costa de trabajadoras y trabajadores indocumentados para trabajar en este país y de la comunidad más amplia cuando los empleadores pagan sueldos más bajos, evaden impuestos estatales y federales y retienen pagos por prestaciones como el seguro médico y de discapacidad. Ante el temor a personal de inmigración, la detención y la deportación por su estatus no autorizado, los trabajadores indocumentados son vulnerables a la explotación. Por consiguiente, las condiciones laborales injustas e inseguras suelen carecer de controles, las enfermedades y lesiones no reciben atención médica, los crímenes y abusos no se reportan y las leyes laborales de este país no se suelen aplicar.

El “nuevo paradigma de seguridad” y los enfoques de aplicación exclusiva de la ley
El 11 de septiembre de 2001, los atentados terroristas contra Estados Unidos renovaron el énfasis de la política del gobierno federal en la seguridad nacional, enfocándose en particular en el control de las fronteras y la aplicación de la ley al interior del país. Uno de los temores era que unos controles relajados de la inmigración y la no aplicación de las leyes existentes pudieran permitir a terroristas cruzar las fronteras ilegalmente y seguir en el país de manera indefinida moviéndose sin levantar sospechas. Otras preocupaciones se relacionan con el tráfico de drogas, la entrada de criminales y las conexiones con una creciente actividad relacionada con las pandillas en Estados Unidos. Al pasar las responsabilidades federales sobre inmigración del Departamento de Trabajo al Departamento de Seguridad Interna, los problemas de inmigración han pasado a considerarse progresivamente por medio del lente de la seguridad nacional. Al desdibujarse la distinción entre los esfuerzos antiterroristas y la persecución de las violaciones de rutina a las leyes migratorias en el lugar de trabajo —responsabilidades ambas de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU.— se ha generado una caracterización falsa de las personas inmigrantes indocumentadas.

Mientras tanto, el presupuesto del Departamento de Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. ha aumentado un 80 por ciento, pasando de los $6 mil millones de dólares en 2004 a los más de $10 mil millones en 2009, dirigiéndose los recursos principalmente al aumento de su personal de seguridad y sus infraestructuras (por ejemplo, muros físicos y virtuales además de la aplicación de la ley).¹⁷ Un mayor número de patrullas y muros a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos ha dificultado los intentos de cruzar la frontera ilegalmente. Sin embargo, muchas personas siguen optando por ubicaciones más remotas, condiciones más peligrosas y traficantes más caros (que suelen estar conectados con el crimen organizado). Por consiguiente, las muertes en el desierto promedian más de una al día.¹⁸ La construcción del muro también ha estado llena de controversias por el efecto que tiene en las comunidades fronterizas y las relaciones entre Estados Unidos y México, las preocupaciones por el medioambiente y la propiedad privada y una construcción mal administrada y con costos excepcionalmente altos.¹⁹ Las medidas enérgicas y las redadas migratorias, realizadas como operaciones militares contra negocios y hogares, han tenido efectos secundarios negativos. Han aumentado el temor y la desconfianza entre las personas inmigrantes legales e ilegales, y han separado y traumatizado a familias y comunidades en todo Estados Unidos.²⁰

Además, la práctica de detener inmigrantes se ha incrementado, a pesar de que las alternativas han demostrado ser más humanitarias, menos costosas y más eficaces.²¹ El gobierno federal actualmente tiene detenidas a más de 375,000 personas inmigrantes y refugiadas en un sistema migratorio nacional de detención, gran parte del cual está operado por corporaciones con fines de lucro.²² Hay personas vulnerables, como familias con hijos e hijas, supervivientes a torturas, solicitantes de asilo, víctimas del tráfico de seres humanos y personas con estados médicos graves, como VIH y SIDA, que están detenidas a la espera de audiencias en los tribunales por violaciones civiles a la ley de inmigración. Están encarceladas en remotas prisiones y centros de detención federales, centros carcelarios contratados y espacios rentados en cárceles locales y prisiones estatales, y suelen estar mezcladas con las poblaciones criminales. La mayoría de las personas detenidas carecen de asesoría legal y muchas de ellas padecen condiciones de hacinamiento, atención médica y mental inadecuada, vulnerabilidad a abusos físicos y sexuales, así como desatención, lo que en algunos casos lleva a la muerte. La detención también impone fuertes costos financieros y emocionales a las familias que viven sin el apoyo de la persona detenida. Por último, muchas de las personas deportadas son sacadas del país sin contar con la participación de un abogado o sin una audiencia ante un juez, aunque su deportación pueda implicar graves peligros y privaciones, incluido el exilio permanente de sus familias.²³

El enorme número de personas inmigrantes indocumentadas que residen en Estados Unidos también ha puesto en tela de juicio la competencia del gobierno federal para cumplir con sus responsabilidades migratorias. Tales dudas se derivan de un debate en el Congreso sin resolver, de un sistema migratorio abrumado y con recursos insuficientes y de las obvias violaciones a la ley migratoria a una escala desmesurada. Mientras tanto, algunos gobiernos estatales y locales han expandido su autoridad y han aumentado drásticamente su actividad legislativa con respecto a la inmigración, adoptando algunas responsabilidades en el campo de la aplicación de las leyes.²⁴ Mientras que los estados con las mayores poblaciones de personas nacidas en el extranjero (esto es, estados con tradición en la acogida de inmigrantes) tienden a proponer proyectos de ley que aumentan los derechos de las personas inmigrantes, los estados que están experimentando recientemente un rápido crecimiento de la población (esto es, los nuevos estados como destino) tienden a proponer proyectos de ley que reducen los derechos de las personas inmigrantes, como imponer ciertas prohibiciones a la recepción de servicios y prestaciones públicas estatales.²⁵ El racismo, los prejuicios y los estereotipos negativos también han sido parte de estos debates.²⁶

Personas refugiadas se esfuerzan por reconstruir sus vidas en Estados Unidos
Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo.²⁷ Sus historias suelen estar llenas de temor, dolor y pérdida por la separación forzada de sus familias, la persecución, la guerra y el genocidio. Muchas de estas personas han sido alojadas en campamentos durante una década o más tiempo en condiciones peligrosas y con un apoyo limitado, donde no es factible ni la repatriación ni la integración en el país donde se encuentra el campamento. Incluso cuando se reubica a las personas, su familia no es reubicada, lo cual ocasiona aún más dolor. Estados Unidos ha sido el líder mundial cuando se trata de brindar protección y ayuda a las personas refugiadas, tanto a nivel internacional por medio de ayuda humanitaria, como a nivel nacional por medio de la reubicación de personas refugiadas y su integración en comunidades. Sin embargo, las agencias de reubicación se quejan de una falta crónica de recursos, lo cual algunas personas consideran inconsistente con las intenciones humanitarias de esta nación y con los programas de reubicación como mandato federal. Las actuales condiciones económicas han dificultado que las personas refugiadas reubicadas encuentren la seguridad y estabilidad necesarias para reconstruir sus vidas. Las agencias que apoyan tal integración sufren una necesidad crítica de recursos adicionales con los cuales proporcionar los servicios básicos que necesitan las personas refugiadas para sobrevivir en este país. En la actualidad, estas organizaciones dependen, para sus recursos, de fuentes privadas para ayudar a financiar el costo de los servicios y compensar la falta del suficiente apoyo federal. Estas fuentes privadas se han reducido a causa de una economía debilitada.

Resoluciones

A la luz de las actuales leyes y prácticas migratorias y de los debates sobre las políticas a seguir; de su impacto en las comunidades migrantes y este país como un todo, y de los compromisos teológicos y morales existentes de la ELCA, esta iglesia se compromete con las siguientes acciones, equilibrando las cuestiones humanitarias, laborales y de seguridad:

1. Reunificar a las familias e integrar a las personas marginadas
Esta iglesia exhorta al gobierno de Estados Unidos a priorizar la reunificación familiar. Muchas familias de personas refugiadas e inmigrantes, incluyendo “familias mixtas” (familias compuestas por personas ciudadanas de Estados Unidos, con frecuencia niños y niñas, y/o residentes permanentes legales) son separadas sin medios viables para una reunificación oportuna. Esta iglesia pide al Congreso y a la rama ejecutiva del gobierno que aborden los factores estatutarios y administrativos y la falta de exenciones humanitarias, lo cual contribuye a las barreras y retrasos que separan a las familias y a la marginación sistemática de seres humanos. La ELCA también defiende el acogimiento y cuidados a niñas y niños sin acompañante que se han perdido o que están separados de sus familias. Una vez más, pide “vías flexibles y humanas para que las personas indocumentadas que hayan estado en este país por un lapso específico, sean capaces de arreglar su situación legal”.²⁸ Se les debe permitir que abandonen las sombras y que su familia inmediata se les una en el camino hacia una merecida legalización.

2. Proteger los derechos de las personas en el trabajo
Las nuevas leyes deben facilitar un flujo futuro de trabajadores que sea ordenado y regulado, consistente con las necesidades y obligaciones estadounidenses con respecto a la mano de obra, con el fin de contribuir al bien global común. Los senderos legales para entrar a trabajar en Estados Unidos deben corresponder a la necesidad anual de trabajadores extranjeros. Se debe permitir a los trabajadores migrantes que les acompañe su familia inmediata y que a todos juntos se les ofrezca un camino hacia la residencia permanente. También deben tener libertad para viajar dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Los lugares de trabajo tienen que proporcionar salarios justos, prestaciones que no sean inferiores a las de trabajadores nacionales y condiciones y protecciones comparables a las expectativas nacionales (por ejemplo, recursos legales contra la explotación, libertad para cambiar de empleadores). Se deben implementar medios seguros, eficientes, obligatorios y aplicables para verificar la elegibilidad de solicitantes de empleo para trabajar en Estados Unidos.²⁹

3. Establecer una aplicación justa y humana de las leyes
Esta iglesia cree que las autoridades gobernantes tienen la responsabilidad de proteger las fronteras de la nación y mantener su seguridad. Apoya el establecimiento de protocolos claros para las redadas en los lugares de trabajo, así como de salvaguardias para asegurarse que no se dañe a las familias inmigrantes y las comunidades locales. Le preocupa el uso de cargos criminales en las violaciones de rutina del estatus migratorio, y aboga en contra de este acercamiento. La ELCA también apoya el aumento del uso de alternativas más humanitarias, menos costosas y más eficaces que la detención, como los programas de libertad supervisada. Cuando es necesaria la detención, se debe asegurar la conformidad con los estándares humanitarios y con el acceso a los servicios vitales en todo centro donde se alojen personas detenidas. Las familias con hijas e hijos pequeños nunca deben ser detenidas en marcos penales. Los niños y niñas deben reunirse con su familia siempre que sea posible o, si es necesario, se les debe proporcionar una personas como su tutor. Las niñas y niños inmigrantes bajo custodia federal deben ser tratados de acuerdo a los principios del bienestar infantil consistentes con su mejor interés. Esta iglesia defiende un proceso justo de deportación, consistente con valores estadounidenses como el derecho a una representación legal asignada y una audiencia ante un juez. Apoya el derecho a la revisión judicial y defiende un mayor acceso a la asesoría legal por parte de personas inmigrantes que buscan oportunidades para quedar libres de la detención y la deportación. Por último, la ELCA pide una moratoria y una evaluación integral de la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, prestando atención, sobre todo, a su impacto en las comunidades locales.

4. Revitalización de la protección e integración de las personas refugiadas
Esta iglesia pide una reforma del sistema de reubicación de personas refugiadas por parte de Estados Unidos con el fin de abordar la creciente demanda de reubicación en todo el mundo y para facilitar la integración de las personas refugiadas en este país. El gobierno de Estados Unidos debe continuar utilizando estratégicamente la reubicación de personas refugiadas como parte de una más amplia respuesta de protección, debe buscar poner fin a la reclusión de personas refugiadas y debe encontrar soluciones sustentables para las personas refugiadas que no pueden regresar a su hogar.

Se debe prestar una especial atención a la protección e integración de personas refugiadas creadas por las acciones de Estados Unidos que contribuyen a los flujos de personas refugiadas en el mundo. La ELCA también pide un compromiso renovado con la unidad de la familia y con la reunificación familiar como derecho humano básico consustancial con la integración a largo plazo. Por último, se necesita urgentemente un mayor apoyo federal a las agencias y organizaciones locales que acogen a las personas refugiadas y les ayudan a reconstruir sus vidas.

5. Abordar las causas de raíz de la migración forzada
Las leyes sobre inmigración y personas refugiadas, y su reforma, no se deben considerar aisladamente de la política extranjera de Estados Unidos y de los problemas de la globalización. En particular, esta iglesia reconoce la obligación de Estados Unidos de servir al bien común global. Esto incluye la necesidad de unas mejores políticas económicas y comerciales diseñadas, por ejemplo, para reforzar las economías mexicana y centroamericana y crear oportunidades laborales con salarios suficientes para sostener las familias de los posibles migrantes. En general, Estados Unidos, conjuntamente con otras naciones, tiene que abordar por medio de políticas y acciones las causas de raíz de la migración forzada, como la pobreza extrema, el desempleo, la persecución política, los conflictos armados, el genocidio, la degradación ecológica, la intolerancia religiosa, las políticas comerciales y otras formas de injusticia. El objetivo es que las posibles personas migrantes sean libres para permanecer en sus países de origen, sostener a sus familias y contribuir a sus comunidades. Esta iglesia apoya la ratificación de los instrumentos legales internacionales que defienden los derechos de las personas migrantes, las personas refugiadas (incluidos los niños y las niñas que viajan sin ninguna persona adulta) y quienes solicitan de asilo. La ELCA aboga especialmente por el derecho a migrar para sostenerse a sí mismo o a su familia, el derecho a no verse obligado u obligada a migrar, el derecho a reunirse con su familia y el derecho a unas condiciones laborales justas.

Notas Finales

1. Cf. “Inmigración” (Chicago: Iglesia Evangélica Luterana en América, 1998).
2. http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID+107. Véase también Jeffery S. Passel y D’Vera Cohn, “A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States” [“Retrato de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”]. Washington, D.C.: Centro de Investigación Pew, 2009).
3. “Inmigración”, 7.
4. Ibíd., 3.
5. “Jesús caracteriza... la hospitalidad en parte como beneficiario ejemplar de hospitalidad. Desde su concepción en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo hasta su nacimiento en un establo y su entierro (en una tumba de José de Arimatea) Jesús dependía de la acogida que le brindaban las demás personas”. Amos Yong, Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor (Hospitalidad y el otro: Pentecostés, prácticas cristianas y el prójimo) (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008), 101. Cf. relato de Lucas (24:13–35) donde Jesús se aparecía como un extraño en el camino a Emaús.
6. Medios de vida sustentables y suficientes para todos (Chicago: Iglesia Evangélica Luterana en América, 1999), 11.
7. Uno de los compañeros ecuménicos de la ELCA articula este punto: “En el misterio del Dios único, las tres personas divinas —Padre, Hijo y Espíritu Santo— viven eternamente dentro, con y las unas para las otras en perfecto amor y libertad”. The Study Catechism (El catecismo de estudio), Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), 1998.
8. Cf. Medios sustentables y suficientes para todos, 11. Cuando se consideran las cuestiones de empleo es preferible la redacción de “trabajo” frente a la de “labor”. “Trabajo, por ejemplo, un buen don de Dios y una expresión de las capacidades intelectuales y físicas de una persona, es expresado con el término negativo ‘labor’ con el fin de representar la relación de trabajador y empleador como intercambio en lugar de como asociación”. Oliver O’Donovan, The Ways of Judgment (Los senderos del juicio) (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005), 36.
9. Medios sustentables y suficientes para todos, 11.
10. Ibíd., 11.
11. Cf. Romanos 13:1–7. “Todas las personas deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él...” Artículo XVI (texto alemán), The Augsburg Confession in the Book of Concord [La Confesión de Augsburgo en El Libro de Concordia], eds. Robert Kolb y Timothy J. Wengert (Minneapolis: Fortress Press, 2000), 48.
12. (Por la paz en el mundo de Dios (Chicago: Iglesia Evangélica Luterana en América, 1995), 5.
13. Cf. El debate de Lutero sobre la relación entre las prácticas del gobierno y el bienestar de la sociedad incluido en su comentario a la petición del pan nuestro de cada día en el Padrenuestro. Véase Martin Luther, Large Catechism in The Book of Concord [Martín Lutero, Catecismo Mayor en el Libro de Concordia], 449 y siguientes.
14. El mensaje de la ELCA sobre el terrorismo incorpora unas palabras de precaución a las preocupaciones sobre la seguridad nacional. “Con frecuencia los gobiernos abusan de su autoridad y la violan bajo la pretensión de buscar la seguridad. Puede que nieguen las aspiraciones legítimas de un grupo oprimido, violen los derechos humanos o ejerzan su propia violencia injustificable en nombre del combate al terrorismo.” [Nuestra Vida en tiempos de terrorismo], 5. El mensaje también muestra una conciencia sobria sobre los límites de tales intereses. “La seguridad que los gobiernos —incluyendo el de Estados Unidos— pueden proporcionar frente a las amenazas del terrorismo tiene límites. Los seres humanos, criaturas finitas como somos, somos siempre vulnerables; eliminar la vulnerabilidad también acabaría con la libertad. Los gobiernos no pueden proporcionar una seguridad perfecta o total; cuando aseguran haberlo logrado o buscan hacerlo, se convierten en agentes del orgullo arrogante y de la injusticia y la inseguridad que fluyen del orgullo. Si quieren asegurar la libertad de personas vulnerables, los gobiernos deben reconocer sus límites a la hora de proporcionar seguridad”, 6.
15. Cf. George W. Forell y James F. McCue, “Political Order and Vocation in the Augsburg Confession, [“Vocación y orden político en la Confesión de Augsburgo”], en Confessing One Faith: A Joint Commentary on the Augsburg Confession by Lutheran and Catholic Theologians (Confesión de una sola fe: un comentario conjunto sobre la Confesión de Augsburgo por parte de teólogos luteranos y católicos), eds. ídem (Minneapolis: Casa Editorial Augsburg, 1982), 330 y siguientes.
16. Jeffery S. Passel y D’Vera Cohn, i.
17. Doris Meissner y Donald Kerwin, DHS and Immigration: Taking Stock and Correcting Course (Departamento de Servicios Humanos e inmigración: hacer inventario y corregir el curso) (Instituto de Política Migratoria, febrero de 2009), 9.
18. Ibíd., 15.
19. Ibíd., 11 y siguientes.
20. Véase Randy Capps, Rosa María Castañeda, Ajay Chaudry y Robert Santos, Paying the Price: The Impact of Immigration Raids on America’s Children (Pagar el precio: el impacto de las redadas migratorias en los niños y niñas estadounidenses), informe del instituto The Urban Institute para el Consejo Nacional de La Raza, 2007.
21. DHS and Immigration, 50 y siguientes.
22. Véase “The History of Immigration Detention in the United States” [“La historia de la detención de la inmigración en Estados Unidos”], Detention Watch Network www.detentionwatchnetwork.org/node/2381. Véase también “Breaking Down the Problems: What’s Wrong with Our Immigration System? [“Analizando los problemas por partes: ¿qué le pasa a nuestro sistema migratorio?”] Centro de Políticas Migratorias, Informe Especial, octubre de 2009, 16.
23. Véase por lo general INA s. 292, 8 U.S.C. s. 1362 (las personas no ciudadanas expulsadas tienen el privilegio de ser representadas por un abogado, pero no a cuenta del gobierno); Departamento de Justicia, Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración, FY Anuario Estadístico de 2007 (abril de 2008), G1 (en 2007, aproximadamente el 58 por ciento de las personas no ciudadanas en procesos de expulsión no fueron representadas por abogados); INA s. 235(b)(1)(B)(iii), 8 U.S.C. s. 1225(b)(1)(B) (iii) (las personas no ciudadanas que son consideradas por la ley “extranjeras de llegada”, y que ningún Agente de Asilo considera que tengan un temor creíble a padecer persecución, son expulsadas de Estados Unidos conforme a un proceso llamado expulsión expedita, sin audiencia o revisión); Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna, Expulsiones que Afectan a Personas Extranjeras Ilegales que Son Padres o Madres de Niñas y Niños Ciudadanos de Estados Unidos, 5 (19 de enero de 2009) (Entre 1998 y 2007, más de 100,000 personas no ciudadanas de Estados Unidos, padres y madres de niñas y niños ciudadanos de Estados Unidos, fueron expulsados de Estados Unidos.)
24. Véase “Regulando la inmigración al nivel estatal: Lo más destacado de la Base de Datos de la Legislación Estatal sobre Inmigración de 2007 y su metodología”. Laureen Laglagaron et al. (Instituto de Política Migratoria, octubre de 2008). En 2007, los legisladores estatales presentaron 1,059 proyectos de ley relacionados con la inmigración.
25. Ibíd., 3f., 27.
26. “Las políticas, prácticas y actitudes hostiles hacia los inmigrantes residentes en Estados Unidos y que restringen indebidamente la llegada legal de inmigrantes, refugiados y personas en busca de asilo, no están a la altura de la tradición de nuestro país de brindar la bienvenida a los recién llegados en forma justa y generosa”. Nuestra vida en tiempos de terrorismo. (Chicago: Iglesia Evangélica Luterana en América, 2004), 7.
27. Los refugiados se definen como personas que tienen “un temor bien infundado de ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social en particular u opinión política” conforme a la “Convención sobre el Estatus de las Personas Refugiadas” de 1951 de la ONU”, que fue adoptada por Estados Unidos en la Ley de la Persona Refugiada de 1980. Citado en “Inmigración”, 10.
28. “Inmigración”, 9.
29. Meissner y Kerwin, 28.